Francia tiene en el punto de mira a 20.598 'piratas' informáticos
que supuestamente han cometido una infracción y que han reincidido en
un periodo de 6 meses. Estos internautas están siendo vigilados por la
instancia administrativa francesa encargada de luchar contra la
piratería en la Red: Hadopi.
Se trata de aquellos abonados a un proveedor de Internet que en los últimos nueve meses recibieron un primer correo electrónico avisándoles
de que desde su dirección IP se estaba cometiendo una infracción y que,
al constatarse una presunta reiteración de la falta, recibieron un
segundo correo y una carta certificada.
El siguiente paso, según explicó la presidenta de la Comisión de Protección de Datos de Hadopi, Mireille Imbert Quaretta,
será tratar "caso por caso y no de manera automática" cada uno de los
informes para decidir cuáles deben ser enviados ante la Fiscalía, aún
sin fecha.
Serán las instancias judiciales las que decidan si los
informes presentados por Hadopi constituyen un delito, con lo que
podrían enfrentarse a una pena máxima de 1.600 euros y
la suspensión de la línea de Internet o, si no procede, procesar a cada
supuesto infractor. "Hay un debate (judicial) en marcha para saber qué
es lo que se debe cortar", ya que existe la posibilidad de que se
deniegue a los infractores acceder a la Red, pero que se les permita
utilizar servicios de mensajería o de comunicación.
En ese caso, habría que determinar también quién asumiría el coste que supondría para los proveedores acotar las aplicaciones a las que tendría acceso el pirata condenado.
Millones de incidentes
Durante una conferencia de prensa en una sala de espectáculos y ante
medio centenar de periodistas, los máximos responsables de Hadopi
explicaron que en los últimos nueve meses, en total han detectado
18.380.844 incidentes aparentes.
De ellos, se llegaron a identificar 902.970 direcciones IP
a través de los operadores de Internet que proporcionan las conexiones y
se enviaron 470.878 primeros avisos y 20.598 segundas cartas
certificadas por presunta reincidencia, sobre un total de unos 36
millones de abonos de Internet que hay en Francia. "El objetivo es
esencialmente pedagógico", reconoció Imbert Quaretta,
que señaló que el objetivo de los legisladores al aprobar la ley contra
la piratería no era sancionador.
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